Según informa DyN, el juez en lo Civil y Comercial Eduardo Carbone, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín y ordenó la suspensión de la aplicación de dos artículos fundamentales de la norma que obligan a los grupos periodísticos a desprenderse de licencias de empresas.
El magistrado dijo que los artículos 41 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita" establecidos en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna.
El primero de los artículos obliga a los multimedios que exceden los límites de propiedad de licencias que establece la nueva norma a vender esos activos con la autorización de la Autoridad de Aplicación, en manos del oficialismo. Así se resguardaba de un acuerdo entre privados sin fiscalización oficial y declaraba intransferibles las licencias y acciones de las empresas. A su vez, permitía que empresarios amigos se hagan de esas licencias que, obligadamente, tenían que salir al mercado mediático.
El segundo es el que fija un plazo máximo de un año para que los propietarios de medios se adecuen a los límites que establece la Ley en cuanto al número de licencias que pueden tener, uno de los puntos más álgidos en la discusión parlamentaria de la Ley de Medios que incluso, en la votación en particular, rechazaron diputados y senadores del kirchnerismo.
Este es un punto clave en la mirada cortoplacista del proyecto diseñado por el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, a pedido de Néstor Kirchner. La intención en el límite de un año es desmembrar a los multimedios considerados “opositores” en la óptica que rige en Olivos de cara a las elecciones de 2011. Nadie entre los K quiere llegar a esa instancia con un arco tan amplio de los medios de comunicación con una mirada tan crítica del gobierno.
CRITICA Y DYN
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