CONTRA LA CENSURA 1

PROYECTO DE DECLARACION

La H. Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Su repudio y preocupación por la decisión del Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan, de no distribuir la revista Rumbos en su edición del domingo 7 de junio de 2009, dedicada al crecimiento de la actividad minera en la Argentina, lo que constituye una grave restricción a la libertad de expresión.-

FUNDAMENTOS



Sr. Presidente:

El pasado 7 de junio el Diario de Cuyo decidió retirar la revista Rumbos de su periódico, que se distribuye y vende en la provincia de San Juan. La edición sustraída incluía como nota de portada una investigación especial, a cargo de la periodista Jackie Isola, acerca de los costos sociales y ambientales de la actividad minera en la Argentina y, en especial, en localidades cuyanas donde se desarrollan los cuestionados emprendimientos de la empresa Barrick Gold.



El diario Los Andes, de la provincia de Mendoza, denunció ante la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA) que la publicación también fue retirada de los casi 200 ejemplares que se venden en San Juan, sin que trascendiera ninguna razón o alguien se hiciera responsable de esa decisión: ni el Sindicato de Canillitas ni la Unión de Vendedores lograron explicar la falta de entrega de las revistas. Rumbos se distribuye en Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero y en ningún caso se registraron inconvenientes.



Frente a la denuncia de Los Andes y la reacción que generó entre sus habituales lectores, el Diario de Cuyo publicó un editorial tres días después en el que justifica la decisión de quitar de circulación la revista dominical porque el artículo referido a la minería “no se ajusta a los parámetros profesionales con los que nos desempeñamos los periodistas: consulta de fuentes, pluralismo, o una mínima visita al terreno de los hechos para extraer una conclusión”. A continuación, en una peculiar reivindicación de federalismo periodístico, el editorial afirma que “es un status curioso el de estas publicaciones en los diarios del interior. Desde sus redacciones en Buenos Aires imponen agendas y temas que últimamente, como en este caso, son de alto impacto económico y social en las provincias. Las publicaciones del interior no manejan su proceso ni el respeto de las exigencias mínimas de ecuanimidad, pero luego responden por esos contenidos enlatados”.



Esos “contenidos enlatados” forman parte de una revista que, por lo menos hasta este episodio, la empresa propietaria del diario decidió incluir de manera voluntaria en sus ediciones dominicales, tal como lo hacen otros periódicos del interior del país, con quienes está asociada. Sin embargo, si bien no corresponde a esta Cámara evaluar la autocrítica empresarial o poner en evidencia el grado de rigor con el que efectivamente fue redactada la investigación censurada, es nuestra responsabilidad advertir sobre el profundo agravio del que fue objeto la sociedad sanjuanina en este nuevo ataque a la libertad de expresión, que ya registra antecedentes y que revela una actitud de menosprecio al lector, como si se tratara de un adolescente cívico a quien se debe tutelar. Si tal como afirma el Diario de Cuyo, la investigación de Rumbos "incluye conclusiones temerarias que hubieran generado gran alarma social", cabe preguntarnos si no resulta más temerario sustraer información que rebatirla con responsabilidad y profesionalismo, si no genera más alarma social que un medio, en nombre del pluralismo, decida qué se puede y qué no se puede leer.



Hace exactamente un año, también debimos expresar nuestra preocupación por el corte abrupto que sufrió en San Juan la emisión del programa TN Ecología, dedicado a la problemática de las explotaciones mineras a cielo abierto. En esa ocasión, también se sumaron las denuncias de televidentes de Tucumán y Catamarca por interferencias en el transcurso del programa. Meses antes, los realizadores del documental “Jáchal cuando nadie te nombre” habían advertido que las autoridades de Canal 7 retrasaron su emisión en varias oportunidades sin hacer públicas sus razones.



Como entonces, reiteramos que a cuarto de siglo de la democratización ya no se trata sólo de defender la libertad de expresión sino de garantizar el derecho de las sociedades a ser informadas. Son precisamente esos derechos consagrados por nuestra Constitución, entre ellos el de acceder a la información para hacer de cada ciudadano un ser político competente, lo que define a la democracia como el sistema que hemos decidido compartir.



Como contracara de la expansión económica que genera, la actividad minera se desarrolla en la Argentina al margen del control de la comunidad, amparada por la envergadura millonaria de los negocios y la precariedad tecnológica del Estado para fiscalizar. Acceder a la información es el principal recurso que la democracia nos ofrece para contraponer a la prepotencia del dinero la fortaleza de una ciudadanía soberana.



Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.

Norma Morandini

Diputados cofirmantes: Silvana Giúdici, Silvia Lemos, Adriana Marino